COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Deseamos manifestar como gremio del sector minero nuestra gran preocupación ante la actual situación entre Minera Panamá y el Estado, específicamente respecto de la continuidad de las operaciones de Cobre Panamá.
Entendemos que un proceso de negociación de un tema tan complejo como la operación de una mina de la magnitud de Cobre Panamá, no es un proceso fácil considerando las expectativas nacionales, así como la cantidad de factores que influyen en la viabilidad económica y riesgo técnico financiero de un proyecto de este tipo.También, es entendible que, en un proceso de negociación, las partes adopten posiciones de presión como estrategia para alcanzar el mejor posicionamiento y beneficio posible, y a su vez se deduce que para llegar a un acuerdo razonable ambas deben ceder en sus pretensiones: nunca es posible llegar a un acuerdo perfecto para ambas.
Sin embargo, los mecanismos de negociación o presión no deben conducir a situaciones que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa, las inversiones futuras en el sector minero y otros sectores del país, o que vayan en detrimento de las cadenas de valor y la empleomanía generada por la mina.En este último escenario, perdemos todos.
Estamos preocupados ya que es evidente que ante la posible suspensión de las operaciones de Cobre Panamá o que no se llegue a firmar un acuerdo entre las partes, se generaran repercusiones que no serían de beneficio para el país en general. Panamá está recuperándose de los embates causados por la pandemia del Covid y este nuevo escenario negativo representaría un enorme perjuicio adicional para los más de 2,000 proveedores nacionales entre los que se cuentan los afiliados a CAMIPA, que en su conjunto facturan cerca de $900 millones anuales a Minera Panamá y que de allí pagan impuestos, prestaciones, salarios, obligaciones financieras y servicios que ya no entrarían a hacer parte del movimiento económico nacional.
También, las consecuencias negativas van más allá de aquellas a los más de 7,000 empleos formales directos de la mina, sino que también para los más de 40,000 empleos formales indirectos que genera esta enorme cadena de proveedores y sus familias, sin contar los perjuicios negativos para las más de 22 comunidades que se benefician directamente tanto en lo económico como en lo social, de la operación de la mina.
A todo lo anterior hay que sumarle el efecto reputacional negativo a nivel internacional que esto representaría para Panamá, lo que dañaría la confianza para futuras inversiones extranjeras en el sector minero y otros sectores económicos clave, así como el grado de inversión del país.El sector privado y el Gobierno Nacional, hemos luchado para atraer y mantener esta confianza para beneficio de todo el país, y es oportuno poner de manera relevante sobre el tapete el hecho ya probado de que la minería tiene la capacidad de aportar enormemente al desarrollo sostenible del país y las comunidades.
Estamos seguros de que la única solución ganar – ganar para todos no es otra que la firma de un contrato y que para ello es evidente que las partes deben hacer sacrificios en sus posturas.Ante la situación actual de posible paro de las operaciones a partir del jueves 23 de febrero a causa de la medida de cierre del puerto de la mina ordenado por el Gobierno Nacional, es necesario un llamado a la reflexión para que se propicien las condiciones necesarias y razonables, para que mediante el diálogo y sin llegar a situaciones extremas de presión, se concluya con la firma de un acuerdo de beneficio mutuo y se elimine la incertidumbre y zozobra generada a nivel nacional.
Panamá, 22 de febrero de 2023
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