Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación de que el proceso judicial por supuesta corrupción en el que se involucra a la funcionaria del Ministerio de Salud empañe la imagen internacional del país.
· Hacen un llamado al presidente Cortizo y a la canciller Tewaney para que se designe a una persona con solvencia moral comprobada, que pueda convocar una delegación incluyente de autoridades de todos los sectores pertinentes del gobierno y de la sociedad civil.
Que se designe a una persona con solvencia moral comprobada para representar a Panamá durante la Décima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control de Tabaco (COP10) y la Reunión de las Partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco que se celebrará en Panamá en noviembre próximo, es la solicitud de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo y la Asociación de Cannabis Medicinal de Panamá (ACAPAN) al Presidente de la República, Laurentino Cortizo y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney.
Esta petición surge a raíz de que se conociera que la doctora Reina Roa, funcionaria del Ministerio de Salud, y actualmente designada como representante del país para la COP10, carece de la solvencia moral requerida para representar al país en este evento, toda vez que ha estado vinculada a un proceso judicial, ventilado ante el Tribunal de Cuentas de la República de Panamá, que se originó a raíz de una auditoría forense realizada por la Contraloría General de la República en la administración pasada.
Los grupos sustentan su preocupación en base al oficio No. 186-TC-26-2016 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de febrero de 2017, dirigido al Registro Público, donde se ordenó cautelar y poner fuera del comercio de los bienes inmuebles de la Doctora Reina Roa, hasta por la suma de 87,930 dólares.
Según el documento, Roa-actual coordinadora Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), en su condición de directora del Departamento de Provisión de Servicios de Salud del MINSA, certificó que recibió a satisfacción los servicios de traslado de pacientes en áreas de difícil acceso a entidades hospitalarias. No obstante, la documentación examinada durante la auditoría realizada estableció que las horas facturadas no coincidían con las registradas en el formulario de solicitud de traslados de pacientes.
Señala el oficio del Tribunal de Cuentas que dentro de la investigación se determinó que se facturaron traslados sin que conste en los registros médicos de los hospitales verificados, el ingreso de los pacientes. También se descubrió la existencia de formularios de solicitud de traslado de pacientes en los que no consta las horas de salida y regreso de los vuelos y la facturación por el traslado de pacientes sin evidencias del servicio prestado.
Fallidas políticas para el control del tabaco
Además del expediente judicial de la doctora Roa, las asociaciones aseguran que la implementación de las políticas públicas para el control de tabaco, que recaen sobre la responsabilidad de la Doctora Roa, ha tenido resultados devastadores durante los últimos 10 años, donde el contrabando de productos de tabaco ha llegado a alcanzar la alarmante tasa de 92.1% del mercado en 2022, ocasionando pérdidas fiscales anuales de hasta 300 millones de dólares y blanqueo de capitales de hasta 165 millones de dólares anuales, de acuerdo al propio presidente de la República.
Sostienen además que la política de prohibición de cigarrillos electrónicos establecida en la Ley 315 de 2022, respaldada principalmente por la Doctora Roa, ha disparado el mercado negro de estos productos que siguen estando ampliamente disponibles y son de fácil acceso y su demanda sigue creciendo en Panamá, donde aproximadamente 200 mil personas los compran y consumen, a pesar de existir una prohibición para su venta, demostrando que la política prohibicionista promovida por la Doctora Reina Roa está teniendo el efecto contrario al deseado.
Por todo lo argumentado, los solicitantes sostienen que mantener a Roa en su condición de representante de Panamá ante la COP10, puede poner en riesgo la reputación de Panamá ante un organismo tan importante de las Naciones Unidas como lo es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, tomando en cuenta que Panamá será el anfitrión de estas reuniones que se realizarán durante el mes de noviembre de este año y donde se espera recibir a delegaciones de más de 180 países.
Piden tanto al presidente Cortizo como a la canciller que se destituya a la doctora Roa y en su lugar se designe a una persona idónea y de solvencia moral comprobada, que pueda convocar una delegación incluyente de autoridades de todos los sectores pertinentes del gobierno y de la sociedad civil.
Recientemente la doctora Roa fue denunciada por supuestos conflicto de intereses por recibir premios de la Fundación Bloomberg, siendo funcionaria y coordinadora de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo (COPACET), denuncia que derivó en su renuncia a la COPACET sin antes dar una explicación por los señalamientos en su contra.
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