Entre los absueltos se encuentran Rubén Berrocal, Alexander Alfredo Hernández Valenzuela, Laura Rebeca Echeverry Abad, María Luisa Montenegro de Gracia, Yadira Esther Cano Alonzo y Diego Manuel Villanueva, quienes enfrentaban cargos por supuestas irregularidades en la gestión de fondos y contratos en proyectos de innovación y tecnología.
El proceso judicial, que se prolongó durante varios años, implicó la revisión de numerosos contratos de consultoría y servicios profesionales que, según las denuncias iniciales, habrían causado un perjuicio económico considerable al Estado.
No obstante, tras una evaluación exhaustiva de las pruebas y testimonios presentados, el tribunal determinó que no existían elementos suficientes para mantener las acusaciones.
Estos cargos fueron desestimados debido a la falta de evidencia concluyente que vinculara directamente a los acusados con actos ilícitos.
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