Expertos internacionales y regionales expresaron su preocupación por los altos volúmenes de comercio ilícito que pasan por las zonas de libre comercio de Centroamérica, al reunirse en el Foro regional sobre “Hubs de comercio ilícito” organizado hoy por la Alianza para Combatir el Comercio Ilícito en Panamá.
La ubicación estratégica de
Panamá es un factor atractivo para empresas criminales dedicadas al comercio
ilícito, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo,
según un estudio presentado en el foro por el Centro de Terrorismo, Crimen
Transnacional y Corrupción (TraCCC por sus siglas en inglés) de la Universidad
George Mason, EE.UU.
El estudio evaluó cuatro hubs a
nivel mundial, incluyendo Suramérica (la zona fronteriza que comparten Brasil,
Argentina y Paraguay), Centroamérica (Panamá, Guatemala y Belice); Medio
Oriente (Dubai) y Europa del Este (Ucrania) y encontró que todos ellos tienen
en común un entorno favorable para el comercio ilícito debido a laxitudes
regulatoria, y son puntos de convergencia de diferentes tipos de crimen
organizado como la corrupción, el lavado de dinero y otros factores que
favorecen las actividades delictivas y el movimiento de mercancías ilícitas.
El codirector del Instituto
Anti-Comercio Ilícito (AITI) de TraCCC y exdiplomático estadounidense, David M.
Luna, subrayó al presentar los hallazgos del estudio que algunos hubs de
comercio ilícito se caracterizan notoriamente por "un alto nivel de
secreto financiero en regulaciones contra el lavado de dinero y son particularmente
atractivos para las redes de comercio ilícito involucradas en el lavado de
dinero basado en el comercio y la financiación ilícita en zonas francas y
economías nacionales" Luna, también jefe del Grupo de Expertos en
Negocios Anti-Comercio Ilícito de la OCDE, enfatizó “que la corrupción, la
débil aplicación de la ley y las fronteras porosas ponen en peligro la
integridad de las instituciones de gobierno y los sistemas judiciales,
permitiendo a los criminales y a las redes terroristas como Hezbolá cooptar al
Estado y penetrar en los mercados legales."
En el foro participaron expertos,
autoridades, gestores de políticas y representantes del sector privado, quienes
debatieron sobre los desafíos que el comercio ilícito plantea para Panamá y la
región, y cómo se pueden implementar las directrices de la OCDE en las zonas
francas para mejorar la transparencia sin afectar el comercio legítimo.
“Debido a su rol como hub
en la región, Panamá enfrenta desafíos importantes en materia de comercio
ilícito y necesitamos continuar promoviendo y desarrollando las capacidades y
recursos a nivel nacional e internacional para garantizar un combate enérgico y
efectivo contra este flagelo que tiene efectos devastadores en la economía,
seguridad y salud pública,” explicó Marissa Lasso de la Vega, Presidente de la
Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá.
El comercio ilícito toca una
variedad de sectores. Según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de
Panamá, solo en 2022, se decomisó el equivalente a 73 mil 133 dólares de licor
comercializado ilícitamente y 10 millones 360 mil 236 dólares equivalentes en
cigarrillos ilegales. Por otro lado, solo en 2022, las autoridades panameñas
atendieron múltiples casos de contrabando de medicamentos por un valor de $229
mil 449 dólares.
“Los hallazgos divulgados en este
foro deben ser una llamada de atención para la acción inmediata por parte de
todos los sectores para fortalecer los esfuerzos en la lucha contra el comercio
ilícito,” añadió Lasso de la Vega. “Desde la Alianza,
estamos comprometidos con seguir adelante articulando esfuerzos conjuntos
dedicados a combatir de manera efectiva el comercio ilícito y hacer el debido
seguimiento para que sus impactos negativos puedan contenerse” puntualizó la
vocera.
Según el estudio, la región
centroamericana desempeña un papel crucial como punto de tránsito para el
comercio ilícito, aunque en los cuatro hubs analizados operan redes de
organizaciones criminales que operan en estas zonas francas.
Para abordar esta situación,
Alejo Campos, Director de Crime Stoppers Panamá, subrayó la importancia de la
cooperación público-privada. "Para enfrentar este desafío, debemos
trabajar juntos, uniendo esfuerzos multisectoriales," enfatizó. "La
transparencia y el cumplimiento de las regulaciones son clave para mitigar esta
problemática."
Durante el foro, la Asociación
Latinoamericana de Industriales (AILA) enfatizó que la relación entre el
comercio ilícito y el crimen organizado internacional no es exclusiva de
Panamá; por el contrario, es una amenaza para los sistemas financieros y de seguridad
de toda la región. Según AILA, este tipo de operaciones representan cientos de
millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año, impactando
significativamente los recursos disponibles de los países latinoamericanos para
la inversión social.
Este foro ocurre en Panamá solo unos
meses antes de la celebración en el istmo de la Conferencia de las Partes
(COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco y la Reunión de las
Partes (MOP3) del Protocolo sobre Comercio Ilícito, que tendrán lugar en
noviembre, lo cual refuerza la urgente necesidad de abordar las fuentes y
facilitadores del comercio ilícito y pone en evidencia la insuficiencia de las
propuestas de control del tabaco, especialmente en Centroamérica, dado que si
no se contiene el comercio ilícito, regulaciones adicionales serían
insuficientes.
Un llamado a la acción
El foro Hubs del Comercio
Ilícito culminó con la presentación de recomendaciones y puntos de apoyo para mejorar
la supervisión y regulación de productos de alta sensibilidad en las zonas
motivo de estudio. En este contexto, la Alianza contra el Comercio Ilícito en
Panamá, tras el diálogo sostenido durante el foro, compartirá con las
autoridades y demás actores presentes un informe sintetizando con las recomendaciones
derivadas del foro, con el fin de colaborar en el fortalecimiento de la
regulación y el control en las zonas francas. Esto debe hacerse sin afectar los
flujos comerciales lícitos para ayudar a garantizar la integridad de los
ingresos fiscales y tener un impacto positivo en la salud pública.-
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