● La falta de leyes efectivas y la certeza de
castigo, contribuye a que el 50% de los cigarrillos
de contrabando de la región se distribuyan a otros países desde Panamá.
●En los últimos años el contrabando de cigarrillos en Panamá se ha incrementado del 60% al 92%.
Unos
15 contenedores de cigarrillos de contrabando entran en Panamá cada mes,
convirtiéndo al país centroamericano en
la puerta de entrada de cigarrillos ilegales para Latinoamérica y el Caribe.
Esta
realidad fue plasmada con una edificación de contenedores ubicados estratégicamente en la Cinta Costera 3,
ciudad de Panamá, por CBLA - Crime Stoppers, la oficina regional de una
organización internacional que busca contribuir con la construcción de la
seguridad multidimensional y que facilita la participación ciudadana en forma
anónima, confiable y segura de crímenes en 7 regiones a nivel mundial.
De
acuerdo con Crime Stoppers, esta instalación de contenedores no solo es un
llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades con motivo de la
Conferencia de las Partes (COP10), que se desarrollará en Panamá entre el 5 al
10 de febrero del 2024, sino una
oportunidad para exponer la necesidad de reforzar las políticas públicas, la
reforma y armonización de las leyes de dicho país, para hacer frente al
contrabando cigarrillos, cuyas consecuencias tienen un impacto directo en toda
la región, así como en la vida de sus habitantes.
Las políticas públicas prohibicionistas o extremas, como pueden ser, la subida de impuestos o la prohibición de usos de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos electrónicos similares; las cuales están contenidas en la ley 315, vigente en Panamá, generan una demanda para el establecimiento de un mercado negro, causando consecuencias serias para Panamá y la región.
Pérdidas económicas y afectaciones
a la salud y la seguridad
Los
cigarrillos de contrabando afectan la salud, al ser más baratos, promueven que
más personas fumen. Además, representan una pérdida de millones de dólares para
los Estados de la región y el crimen organizado y los carteles del cigarrillo,
los blanqueadores de dinero ilegal utilizan a Panamá como epicentro de sus
actividades relacionadas con el contrabando.
Paralelamente, esta actividad sirve para financiar la operatividad de
delitos mayores como el narcotráfico y la trata de personas, en colaboración con
las pandillas que distribuyen el producto, en países como Guatemala, Ecuador,
Colombia, República Dominicana, entre otros.
El
comercio ilícito de cigarrillos en 2020 implicaba una pérdida de más de $165
millones de dólares en tributos anuales para el Estado panameño. Si
consideramos que las cifras del contrabando han aumentado del 60% al 92% en
solo seis años,
además, la pérdida en impuestos es alarmante. Pero esto no queda allí, el 50%
de los cigarrillos de contrabando de la región son distribuidos desde Panamá.
De
acuerdo con Alejo Campos de Crime Stoppers, para minimizar las consecuencias
del contrabando ilegal de cigarrillos “Es necesario crear leyes más efectivas,
que prevengan, persigan y castiguen este delito; y que también ofrezcan
alternativas al público consumidor de tabaco, como puede ser la introducción de
cigarrillos sin combustión y similares como método de reducción del consumo”
También
advirtió que “la Ley 315 de 2022 que
prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de
administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores,
calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina en
Panamá, está creando un mercado ilegal paralelo de productos de contrabando y
ha dejado al Ministerio de Salud de este país, sin la posibilidad de ejercer
fiscalización y proteger a los consumidores”.
En cuanto a dicha protección,
Campos consideró que “se debe involucrar en las discusiones del marco legal a
la sociedad civil, los consumidores, Gobierno e industria y brindar
alternativas basadas en la ciencia”.
Una alternativa
El
vocero de la organización se refirió a que países como Nueva Zelanda, Reino
Unido, Escocia o Estados Unidos han encontrado en los cigarrillos electrónicos
sin combustión y otros sistemas similares, una alternativa hasta un 95% menos
perjudicial que los cigarrillos convencionales, logrando legalizarlo y ofrecer
mejores alternativas para sus ciudadanos, evitando de esta manera el
contrabando ilegal.
Campos
añadió que es necesario el seguimiento a la distribución del Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC) del cual un gran porcentaje debe transferirse al Ministerio de
Salud y al Instituto Oncológico Nacional de Panamá, pero a la fecha esas
transferencias no se han hecho en su totalidad, siendo dos instituciones del
gobierno con necesidades presupuestarias.
Las
implicaciones del contrabando de cigarrillos, en materia de seguridad por las
fuertes conexiones con el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo
son preocupantes. Las altas ganancias combinadas con los bajos riesgos y
sanciones lo hacen cada vez más atractivo para los criminales al ser un
producto altamente rentable, fácil de transportar, sujeto a escasos controles,
y las sanciones, cuando se aplican, son mucho más laxas que las sanciones para
otros crímenes, como el narcotráfico.
Las
declaraciones de Crime Stoppers se dan el marco de la COP10, donde se espera la
presencia de 1,200 líderes comprometidos con la causa y se definirá la
"hoja de ruta" de las estrategias para la ejecución del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y la
prevención de mortalidad asociada al consumo.
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