Presión internacional: 20 Estados solicitan a Panamá asegurar derechos de personas LGBTIQ+ ante la ONU en Ginebra

• La comunidad internacional insta a Panamá a adoptar reformas urgentes para garantizar igualdad, no discriminación y reconocimiento legal de derechos LGBTIQ+.

  
  
  

Durante el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la revisión del Exámen Periodico Universal (EPU) de Panamá, más de 20 recomendaciones fueron realizadas a los representantes panameños sobre orientación sexual, identidad y expresión de género por parte de Estados de distintas regiones, incluyendo Chile, Colombia, Brasil, México, Montenegro, Islandia, Uruguay, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y Australia. 

Estas recomendaciones se enfocan en áreas clave donde Panamá muestra un rezago frente a otros países de la región. Se solicitó la inclusión explícita de la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas en la Ley 7 de 2018 (antidiscriminación). Adicionalmente, se instó a la adecuación urgente de los procedimientos de reconocimiento legal de género, buscando que estos sean administrativos, rápidos, seguros y basados en la autodeterminación.

Fundación Iguales reconoce los avances del Estado panameño ante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, urge notorios y rápidos cambios a su regulación vigente y su práctica institucional para garantizar una cultura de respeto y no discriminación.

Desde las pre sesiones celebradas en agosto, Fundación Iguales contribuyó presencialmente en Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos, al análisis de la situación sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Panamá, subrayando la urgencia de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales. El abogado e investigador Ángel Garay estuvo a cargo de la presentación en el Palacio de Naciones en Suiza.

La fundación expuso que la ausencia de una figura jurídica que otorgue reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo genera violaciones a derechos fundamentales asociados a la familia, patrimonio, salud, pensiones y rol del Estado como protector. La consecuente “invisibilidad legal” derivada de esta carencia, refuerza un un trato desigual contrario al principio constitucional de igualdad y a las obligaciones internacionales vigentes.

Paralelamente, una decena de recomendaciones adicionales provenientes de otros estados se refirieron al fortalecimiento de la protección de minorías y al cumplimiento o ratificación de instrumentos internacionales que amparan los derechos de las personas LGBTIQ+.

Fundación Iguales saluda la coherencia y compromiso de los Estados que instaron a Panamá a avanzar hacia la igualdad plena, alineándose con los principios universales de dignidad, igualdad y no discriminación y el pleno goce de los derechos humanos para todas las personas en Panamá. 

Aunque se reconocen las medidas implementadas por el Estado panameño, estas han sido insuficientes para abordar eficazmente los desafíos y la violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+. Es un error conceptual afirmar que el Estado ha avanzado en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+ simplemente porque promueve políticas de prevención y tratamiento del VIH. Aunque dichas políticas impactan positiva y directamente a la población LGBTIQ+, están dirigidas a diversos grupos humanos y no deben interpretarse como un reconocimiento diferencial de derechos para esta comunidad. El Estado debe diferenciar explícitamente entre políticas de salud (VIH) y derechos civiles, con un marco que evalúe avances en derechos LGBTIQ+ independientemente de las políticas de VIH.

La ausencia de un marco normativo riguroso no solo perpetúa el ciclo de discriminación, sino que también refuerza la impunidad y la inacción institucional. Para generar cambios verdaderamente concretos, Panamá debe enfocarse en medidas tangibles, sostenidas en el tiempo y basadas en evidencia.

Consecuentemente, es imperativo que las próximas decisiones se tomen con la participación activa de la sociedad civil LGBTIQ+, cuya resiliencia ha sido demostrada a pesar de los grandes desafíos estructurales.

Fundación Iguales reitera su disposición a colaborar con el Estado y organismos internacionales para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y acompañar la implementación de medidas que reconozcan la dignidad de todas las personas sin distinción. A su vez, hacemos un llamado especial al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ejerza su rol especialísimo en este ciclo del EPU al ser puente con todas las dependencias del Estado que deben comprometerse al cumplimiento de estas recomendaciones hechas en Ginebra. Para que así nuestro país pase del papel a la realidad cónsono con su tradición de respeto al derecho internacional.