· Administración de José Raúl Mulino crea Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026
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· La creación de la Comisión Interinstitucional marca un hito en la protección social de Panamá al establecer un mecanismo permanente para prevenir la exclusión, restituir derechos y promover la reintegración social de las personas en situación de calle.
Panamá dio un paso sin precedentes en la
protección social con la creación de la Comisión Interinstitucional para la
Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de
Calle, mediante el Decreto Ejecutivo No. 11 de 2026.
La decisión convierte al Mides en el líder de este proyecto al asignarle la responsabilidad de coordinar la acción del Estado y articular una respuesta integral basada en derechos humanos, inclusión social y corresponsabilidad institucional.
La nueva Comisión reúne a las principales entidades públicas y
fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil para promover la atención,
la recuperación y la inclusión social de las personas en situación de calle,
consolidando un modelo permanente de coordinación que marca un antes y un
después en la política social panameña.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, afirmó
que la creación de la Comisión representa un cambio estructural en la forma en
que el Estado enfrenta esta realidad. "Por muchos años la situación de
calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy
Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que
coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y
promueve la restitución efectiva de sus derechos. Este Decreto refleja la
convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de
las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida", señaló.
Las personas en situación de calle enfrentan múltiples condiciones
de vulnerabilidad, entre ellas pobreza, desempleo, ruptura de vínculos
familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo
problemático de sustancias, discriminación y exclusión social, factores que
requieren una respuesta coordinada del Estado.
La Comisión reunirá a instituciones con competencias
complementarias para ofrecer una atención multidimensional. El Mides encabezará
la coordinación general y la articulación de la política de protección social;
el Ministerio de Salud liderará las acciones en materia de atención médica,
salud mental y tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral impulsará estrategias de inserción laboral; el Ministerio de Educación
promoverá procesos de reinserción educativa; y el Instituto Nacional de
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)
facilitará programas de capacitación para el empleo.
También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia (Senniaf), responsable de la protección especializada de niños, niñas
y adolescentes; el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, que atenderá los casos vinculados a personas con discapacidad;
los gobiernos locales, encargados de fortalecer la respuesta territorial; y
otras entidades públicas cuyas competencias contribuyan a una atención
coordinada y sostenible.
Entre las funciones de la Comisión figuran la elaboración de
estrategias nacionales, la coordinación de servicios especializados, el
seguimiento de casos, la generación de información para la formulación de
políticas públicas y la promoción de acciones orientadas a la prevención,
atención e inclusión social de las personas en situación de calle.
El Decreto también reconoce el papel de las organizaciones de la
sociedad civil, fundaciones, iglesias y grupos comunitarios, que durante años
han brindado apoyo humanitario a esta población. El nuevo modelo contempla
mecanismos permanentes de coordinación y colaboración con estos actores para
fortalecer la respuesta estatal.
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