De acuerdo con el artículo 200 del Código de Trabajo, desde que inicia el contrato de trabajo, el trabajador comienza a crear un fondo de licencia por incapacidad, que se acumula a razón de 12 horas (un día y medio para jornadas de 8 horas) por cada veintiséis jornadas servidas (1 mes de servicio para jornadas de 6 días a la semana) o de 144 horas al año (18 días para jornadas de 8 horas diarias) con derecho a remuneración pagada por el empleador, en caso de enfermedad o accidente no profesional comprobado.
Esta licencia puede acumularse hasta por dos años, es decir, el máximo de días de incapacidad que debe pagar el empleador a un trabajador es 36 días si éste tiene dos años laborando.
Una vez agotado este fondo de incapacidad a cargo del empleador, si el trabajador continúa incapacitado, le corresponde hacer un trámite en la Caja de Seguro Social para pedir un subsidio de enfermedad común.
Ese mismo artículo dispone que los certificados de incapacidad deben “ser expedidos por facultativos idóneos, estar prenumerados, contener el número de registro que la Dirección General de Salud le otorga al facultativo, el nombre completo de éste, la dirección, el número de teléfono y el nombre de la institución pública, ya sea la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, o clínica privada donde labora el facultativo.
No tendrá validez el certificado que incumpla estos requisitos, salvo que por razones del lugar de su expedición no sea posible cumplir con alguna de estas exigencias. El facultativo tendrá la obligación de mantener, en el expediente del trabajador, una copia de cada certificado con el diagnóstico o motivo por el cual se da la incapacidad”
El artículo se puede resumir en los siguientes puntos:
- Los certificados de incapacidad deben reunir ciertas formalidades para que sean válidos.
- El empleador no puede negarse a pagar una incapacidad emitida por una clínica privada u obligar al trabajador a atenderse en la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud.
- El trabajador es libre de escoger el lugar donde desea recibir atención médica y, en caso de ameritar que le extiendan una incapacidad, le corresponderá a la empresa pagar como si el trabajador hubiere laborado deduciéndola de la licencia acumulada.
La presentación de certificados de incapacidad por parte de trabajadores para justificar ausencias históricamente ha sido una causa de preocupación en las empresas. Y es que, lamentablemente, en Panamá es bastante sencillo obtener un certificado de incapacidad o –peor aún y más grave– la presentación de certificados falsos es un tema recurrente en las empresas.
A manera de ejemplo, en el mes de julio salió en medios el caso de unas funcionarias de la Caja de Seguro Social que estaban siendo investigadas porque viajaron al extranjero mientras mantenían incapacidades médicas, que les exigían reposo absoluto. Como estos casos, hay muchos que no necesariamente se dan a conocer.
Sin lugar a duda, esta ha sido una de las muchas causas por las que se ha intentado regular la emisión de incapacidades, estableciendo requisitos para que las mismas se consideren válidas.
“Es evidente que, en algunos casos, obtener una incapacidad podría percibirse como una opción atractiva para justificar una ausencia y así evitar el descuento en el salario o una medida disciplinaria, pero si esta incapacidad es fraudulenta, falsa o alterada, podría conllevar una sanción mucho peor, y es que el empleador podría despedir con causa justa al trabajador que presentó la incapacidad, sin perjuicio de la posible investigación penal”, señala Yeris Nielsen, abogada y socia de BDS Asesores Panamá.
Panamá contaba con varias normas, aparte del Código de Trabajo y la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que hacían referencia a la emisión de certificados de incapacidad, como lo es el Decreto Ejecutivo 210 del 2001, modificado por el Decreto Ejecutivo 19 del 2016, y la Resolución No. 31 del 11 de mayo de 1999. Ahora bien, tal parece que estas normas han sido insuficientes para evitar la emisión de certificados de incapacidad injustificados o la presentación de certificados de incapacidad falsos para justificar ausencias.
Añade este decreto que “lo antes descrito, genera inconvenientes en la operación de empresas y la propia administración pública incluida judicial, a los que les asiste el derecho de solicitar una investigación e interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud competentes…”
Este nuevo decreto reconoce la problemática de la comercialización de certificados de incapacidad y el derecho de las empresas y de las instituciones públicas de solicitar una investigación y la posibilidad de denunciar ante la sospecha de un certificado de incapacidad fraudulento.
A partir del 12 de octubre de 2025 con la entrada en vigencia de este Decreto Ejecutivo No. 17, si la empresa tiene sospecha que un certificado de incapacidad es falso o injustificado, tendrá la opción de solicitar al Ministerio de Salud la verificación de la autenticidad del certificado de incapacidad, para lo cual debe presentar una solicitud en la que se indiquen las generales del solicitante (del empleador en este caso), los datos del trabajador incapacitado y del emisor de la incapacidad, nombre del establecimiento y dirección exacta, además del certificado que se desea investigar.
Como parte del trámite de verificación de autenticidad, el personal técnico de la Región de Salud que corresponda realizará una visita e inspección a la institución de salud que emitió el certificado y tendrá la potestad de requerir cualquier copia de la documentación que sirva como constancia para comprobar la veracidad, validez o justificación del certificado.
“No cabe duda de que esta nueva regulación, una vez entre en vigor, brindará a las empresas una herramienta muy útil para constatar la veracidad de los certificados de incapacidad. Consideramos que, con ella, en gran medida, se evitará la emisión de certificados de incapacidad injustificados, al tomar en cuenta las sanciones que establece la norma”, afirma Nielsen.
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