El abogado y exdiputado Guillermo A. Cochez F. presentó ante el Procurador General de la Nación dos denuncias penales contra el Contralor General de la República, Anel Flores de la Lastra, y otros funcionarios, por presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Cochez dijo que hay que evitar que faltas graves que constituyen delitos del Contralor sean objeto de arreglos, presiones o silencios institucionales. “Se debe garantizar la aplicación de la ley sin privilegios ni excepciones, como corresponde en un Estado que debe proteger la confianza pública y la integridad de sus instituciones”, expresó el ex diputado.
La primera denuncia presentada por Coches se refiere a la retención de salarios de más de 40 funcionarios de la Asamblea Nacional vinculados a la bancada independiente VAMOS, hecho denunciado públicamente el 21 de abril de 2026.
De acuerdo con la denuncia, la Contraloría justificó inicialmente la retención alegando investigaciones por marcaje de asistencia. Sin embargo, al ser cuestionada, la institución asignó a los funcionarios el estatus de “Licencia Sin Sueldo Eventual”, pese a que, según Cochez, el Decreto 90-2019 no faculta a la Contraloría a modificar unilateralmente el estatus laboral de servidores públicos sin solicitud previa del trabajador ni trámite de la Dirección de Recursos Humanos de la entidad nominadora.
La denuncia sostiene que esta actuación constituye Abuso de Autoridad, al exceder las funciones legales del Contralor y afectar directamente el derecho de los funcionarios a percibir su salario. Además, se menciona que diputados de la bancada VAMOS han denunciado posibles motivaciones políticas relacionadas con su oposición al uso obligatorio de etanol.
En la segunda denuncia, Cochez señala que el 9 de abril de 2026, el Contralor Flores y el Subcontralor Omar Virgilio Castillo Rodríguez irrumpieron en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción mientras se realizaban entrevistas a auditores de la Contraloría, quienes rendían declaraciones sobre informes utilizados como elementos de convicción en un proceso penal contra un exvicepresidente de la República.
Según el documento presentado, la presencia de ambos funcionarios provocó la suspensión inmediata de la diligencia, luego de que el Contralor ordenara a los auditores retirarse del lugar. Cochez sostiene que esta actuación podría constituir los delitos de Abuso de Autoridad y Delito contra los Servidores Públicos, citando los artículos 355 y 360 del Código Penal.
El abogado argumenta que la conducta descrita encaja en los elementos jurisprudenciales del abuso de autoridad, al tratarse de órdenes arbitrarias, emitidas excediendo las facultades legales y con la intención de impedir el desarrollo de un acto propio del proceso penal.
Guillermo Cochez exige que el Ministerio Público actúe sin dilaciones y, en ambas denuncias, solicita que se inicien de inmediato las investigaciones, se imputen cargos a los funcionarios señalados y se eleve la acusación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que estos hechos no pueden “perderse en el archivo o en la conveniencia política”.
Las denuncias citan como fundamento jurídico el Artículo 222 de la Constitución, los artículos 355 y 360 del Código Penal, y el Artículo 82 del Código Procesal Penal.
Comentarios
Publicar un comentario